Por: Jhovana Yauri
El Congreso de la República fue escenario este martes del primer Foro Nacional “Hacia un consenso para la derogatoria de las denominadas leyes procrimen”, una iniciativa promovida por el senador Saúl Armacanqui Morales, que reunió por primera vez a representantes del Congreso, especialistas, organizaciones de la sociedad civil y personajes destacados defensores de la democracia y derechos humanos con un objetivo común: construir una propuesta legislativa consensuada para derogar las normas que, según los participantes, han reducido la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado. Aunque fueron invitados los autores de las principales iniciativas legislativas de derogatoria, varios no participaron en la jornada, por lo que el debate se desarrolló principalmente entre el senador impulsor, especialistas y representantes de la sociedad civil.
El foro contó con la participación de la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Catherin Norma Palomino Casavilca, durante la inauguración, así como de Carlos Rivera, director del Área de Defensa Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL); Victoria La Cruz, representante de la Coalición Ciudadana por la Vida; la exfiscal Sandra Castro; y Germán Vargas secretario de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Durante la inauguración también participó brevemente la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Catherin Norma Palomino Casavilca, quien saludó la realización del foro y expresó el compromiso de la comisión con el debate de las propuestas presentadas.
Recuperar herramientas para investigar el crimen
Uno de los principales planteamientos del foro fue la necesidad de restituir las herramientas de investigación del Ministerio Público. Carlos Rivera sostuvo que las recientes reformas sobre allanamientos, colaboración eficaz y otras modificaciones procesales han reducido la capacidad del Estado para investigar organizaciones criminales. Asimismo, cuestionó normas como las Leyes N.° 32107 y 32181, al considerar que generan escenarios de impunidad y debilitan la respuesta institucional frente al crimen organizado. También advirtió que el debilitamiento de la justicia afecta especialmente a quienes enfrentan actividades ilegales, recordando que alrededor de 40 defensores ambientales han sido asesinados en el país.
En la misma línea, la exfiscal Sandra Castro afirmó que el crimen organizado no opera de manera aislada, sino mediante redes de protección dentro del Estado. “El corrupto es quien protege al criminal; el criminal busca la protección de policías y funcionarios públicos corruptos”, señaló. A su juicio, limitar las facultades del Ministerio Público debilita la capacidad de desarticular esas estructuras, por lo que consideró indispensable recuperar las herramientas de investigación retiradas por las recientes reformas legislativas.
Educación frente al miedo
Desde la sociedad civil, Victoria La Cruz, representante de la Coalición Ciudadana por la Vida, cuestionó que la prevención del terrorismo se base en la exposición de adolescentes a imágenes de extrema violencia. Durante su intervención denunció al senador de la república Marco Miyashiro por la proyección de un video con escenas explícitas de decapitaciones y menores portando fusiles durante la Primera Cumbre de Alcaldes Escolares donde participaron más de 200 escolares, realizada en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, y sostuvo que la educación debe promover la memoria histórica, el respeto por los derechos humanos y el pensamiento crítico, en lugar de recurrir al miedo como herramienta pedagógica.
Del consenso al compromiso
El principal resultado del foro fue el compromiso de avanzar hacia una propuesta legislativa consensuada que articule los ocho proyectos de ley que, hasta la fecha, buscan derogar total o parcialmente las denominadas “leyes procrimen”. Sin embargo, los participantes advirtieron que el verdadero desafío comienza después del debate: evitar que las iniciativas continúen fragmentadas, que cada bancada impulse su propio proyecto sin coordinación o que los compromisos asumidos se diluyan cuando llegue el momento de votar. La ciudadanía espera que este esfuerzo conjunto se traduzca en una respuesta legislativa y no en una nueva oportunidad perdida.
Cuando el crimen organizado supera la capacidad de respuesta del Estado, ningún actor puede enfrentar el problema por separado. El país necesita un pacto político que garantice que la seguridad ciudadana no dependa de cálculos partidarios ni de intereses particulares, sino del compromiso de proteger a todas las personas por igual. Porque frente al avance del crimen organizado, lo que está en juego no es solo la derogatoria de unas leyes, sino el derecho de la ciudadanía a vivir con justicia, dignidad y tranquilidad.
Por ello, los participantes coincidieron en que un foro constituye apenas el primer paso. La construcción de un país más seguro exige continuidad, acuerdos y voluntad política que coloque la protección de la vida, la dignidad y la tranquilidad de las personas por encima de cualquier interés particular.