por Ignacio Ramonet
Estoy en Venezuela para presentar, en la Feria del libro de Caracas, mi nueva obra: La conversación infinita (ed. Acirema), una compilación de entrevistas con diez genios (1). Llego aquí en un momento particular porque este país podría ser atacado de un momento a otro. En efecto, desde agosto pasado, Washington ha ido acumulando, en la orilla de las aguas territoriales venezolanas, una colosal fuerza bélica que vino a completar estos días el portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor y más moderno de su Armada. Este supernavío y su grupo de ataque se suma a una flotilla de destructores, cruceros, submarinos, aeronaves de guerra, drones militares, unidades de operaciones especiales y cuerpos de marines ya desplegados en la zona, incluyendo El Salvador, Panamá y Puerto Rico. El número total de efectivos listos para atacar supera ya los 15.000 combatientes en el mayor despliegue militar de Estados Unidos desde la primera guerra del Golfo pérsico en 1990.
Además, el presidente Donald Trump admitió, el 14 de octubre pasado, haber autorizado “operaciones encubiertas” de la CIA en territorio venezolano. El mandatario republicano justifica esa inusual concentración de fuerzas pretendiendo que se trata de una “misión para combatir los cárteles de droga” cuyo tráfico causa un número elevado de muertes por sobredosis en su país. Pero la propia comunidad de inteligencia estadounidense ha reiterado que esas muertes son esencialmente causadas por el fentanilo, un opioide que procede de México, y no de Venezuela. En lo que concierne a las rutas de la cocaína, todos los estudios elaborados por las agencias más serias de investigación, insisten igualmente en que el 90% de esa droga que va hacia EEUU pasa por el Pacífico, y no por el Caribe ni por Venezuela.
Estas evidencias no impidieron que el gobierno norteamericano iniciase, a partir del 2 de septiembre pasado, una serie de asesinatos contra civiles viajando a bordo de embarcaciones calificadas sin pruebas de “narcolanchas”, destruidas por las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Donald Trump repite que sus militares pueden matar legalmente a personas sospechosas de narcotráfico porque son “soldados enemigos”. Pero esto es falso. Desde el punto de vista del derecho interno estadounidense, el Congreso no ha autorizado ningún conflicto armado y ni siquiera ha confirmado que se puede calificar de “terrorista” a un cártel de traficantes de droga. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han calificado esas acciones ilegales de “ejecuciones extrajudiciales” y han denunciado “violaciones al derecho internacional”, llamando a detener esos bombardeos y a garantizar que se respeten los derechos humanos.
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